Es uno de esos palabros de moda en los medios y en la literatura empresarial y su eclosión tiene mucho que ver con la imagen cuestionable que transmiten no pocas empresas a la sociedad y con la proliferación -no sólo en España- de casos de corrupción en los que casi siempre hay involucrados políticos y empresarios. El compliance o cumplimiento de normas y compromisos es un sector de grandes oportunidades hoy en nuestro país, y como todo sector de oportunidades, nos interesa en Modo Coworking.

El compliance consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados para reducir al mínimo los riesgos de que se cometan ilícitos penales, irregularidades administrativas o prácticas éticamente rechazables entre sus directivos, empleados y agentes vinculados. Porque no se consideran únicamente las normas legales -como leyes y reglamentos-, sino que, también, se incluyen las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, e, incluso, los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar.

El compliance procede del derecho anglosajón y fue introducido en España con la reforma del Código Penal del año 2010, que trajo a nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus representantes legales, administradores o empleados sin el debido control. Sin embargo, no fue hasta 2015, con una nueva reforma del Código Penal, cuando las grandes empresas y algunas otras que trabajaban con la Administración dentro y fuera de España empezaron a contratar “compliance officers” y a elaborar planes de cumplimiento.

“En el derecho anglosajón, -explica Alejandra López, abogada especialista en Compliance Penal-, la responsabilidad penal de la persona jurídica existe desde hace mucho. En nuestro derecho es mucho más reciente y, de hecho, tenemos únicamente dos sentencias hasta la fecha del Tribunal Supremo condenando a personas jurídicas”.

La publicación, el pasado mes de mayo, de la norma UNE 19601 sobre certificación de planes de compliance va a generar, según todas las previsiones, un verdadero boom en la demanda de planes de prevención de los delitos empresariales, así como la supervisión y certificación de los mismos. Muchas empresas piensan que es mejor prevenir que curar ya que, si se comete algún delito dentro de la empresa -como sobornos, blanqueo de capitales o fraude fiscal- la existencia de un plan y de un consejo de compliance puede servir para reducir la responsabilidad penal de la compañía como persona jurídica imputable y hasta lograr su exoneración.

“La correcta aplicación de este documento voluntario es una manera muy eficaz de demostrar la existencia de una cultura activa de cumplimiento de la legalidad, así como la implantación de un sistema de gestión con contenidos razonables y proporcionados para prevenir, detectar y gestionar conductas ilícitas”, explica Salvador Román, gerente de gobierno corporativo y cumplimiento normativo de la Asociación Española de Normalización (UNE).

Mapa de riesgos, canales de denuncia…

Entre otras tareas, los “compliance officers” diseñan planes de prevención, mapas de riesgos de delitos, canales de denuncia para que los empleados puedan informar confidencialmente sobre presuntas irregularidades, informes anuales, sistemas externos de verificación y, cuando se detectan fallos en los sistemas implementados, subsanarlos rediseñando todo el plan de prevención.

“Una de las tareas más importantes y delicadas de un compliance officer -matiza Alejandra López, socia fundadora de Firma Abogados– es la elaboración  del mapa de riesgos, que es la representación grafica de la relación entre el impacto (económico, reputacional, operativo, etcétera) que puede tener para la empresa la comisión de un delito y la probabilidad de que se cometa ese delito en la empresa”.

En las grandes empresas existe normalmente un comité de compliance formado por responsables de distintos departamentos y el órgano de administración. Además, se suelen valer de un “compliance officer” externo que, como mínimo, coordina y supervisa todo el plan de prevención y gestiona directamente el canal de denuncias, que es siempre un asunto espinoso si se gestiona desde dentro de la empresa. El consultor externo también suele elaborar el mapa de riesgos y, casi siempre, se encarga también de supervisar el plan de cumplimiento. Todo, con el fin de asegurar una política de cumplimiento a todos los niveles que permita la viabilidad de la empresa a largo plazo.

En pymes, los requisitos son mucho más laxos. Se permite, por ejemplo, que sea el propio órgano de administración el que lleve a cabo la supervisión del plan.

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